El Gobierno español seguirá exigiendo a los Castro que respeten los derechos humanos y, por tanto, liberen a los presos políticos, dijo hoy la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.En una entrevista publicada hoy en el diario español "El País", la vicepresidenta afirma que la política del Gobierno con los Castro es de "diálogo crítico y exigente".
"De firmeza en la exigencia de respeto a los derechos humanos, que lleva consigo la petición de la inmediata liberación de presos políticos", asevera la "número dos" del Gobierno español.
Señala asimismo que el fallecimiento de Orlando Zapata ha puesto de manifiesto que no hay avances, pero apostilla: "No podemos renunciar a exigir que los derechos humanos se cumplan. Hemos ofrecido la posibilidad de que (Guillermo) Fariñas se traslade a España y vamos a seguir exigiendo que se respeten los derechos humanos". (Una jugada moratina y zapatera orientada a resolverle el grave problema de imagen que enfrentan sus socios secuestradores de Cuba, los capos de la tiranía castrista; pero se quedaron con las ganas porque Fariñas no mordió el anzuelo, y en cambio les sugirió que ofrecieran el avión para llevar a España a los presos políticos enfermos, los cuales son el motivo de su huelga de hambre, es decir, ir a la esencia del asunto, no a intentar burlarse de la oposición anticastrista en un viajecito "por las ramas" en favor de los Castro).
En la entrevista Fernández de la Vega también habla de otros temas de la actualidad política española, entre ellos sobre el hecho de que el juez Baltasar Garzón vaya a sentarse en el banquillo por querer investigar el franquismo.
Señala que le "apenaría" que Garzón -que logró fama internacional al procesar en 1998al dictador chileno Augusto Pinochet- "saliera así del juzgado".(Se debe hacer notar también que ese farsante, Garzón, se negó a encausar al tirano Fidel Castro, infinitamente más asesino, liberticida y delincuente que Pinochet, y que es un obvio prevaricador y nunca debió ocupar un cargo de juez por que tal trabajo requiere de absoluta imparcialidad, atributo de el cual carece por completo el hoy foragido Baltasar).
Garzón recurrió ayer ante el Tribunal Supremo el auto que abrirá juicio oral contra él por declararse competente para investigar los crímenes y desapariciones durante la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura del general Francisco Franco (hasta 1975). (Y al mismo tiempo tener la desvergüenza de no encausar a los Castro o investigar también los crímenes cometidos por la pandilla de Santiago Carrillo, el asesino de Paracuellos).
El Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces en España, se reúne el próximo 22 de abril para debatir si suspende al ultraizquierdista Garzón como juez de la Audiencia Nacional por las querellas presentadas por las organizaciones de derecha Manos Limpias y Falange Española de las JONS.
La vicepresidenta primera del Gobierno evita hacer cualquier valoración e insiste en no opinar sobre un asunto judicial que "está investigándose y sobre el que no ha habido ni juicio ni sentencia".
Asegura que el Gobierno español cree que "hay que respetar las decisiones de los jueces, sus tiempos y procedimientos". (Obvio, siempre que les convenga a ellos).
Ayer en el recurso presentado el ultraizquierdista Garzón alegó que han sido "motivaciones ideológicas" las que han movido a "ciertas organizaciones y grupúsculos marginales a ejercer una acción penal" contra él. ¿Y cuáles son las motivaciones del ultraizquierdista Garzón?; obviamente ideológicas y ultraizquierdistas, pero agravadas por la prevaricación que es el delito capital para un juez en funciones.
A este respecto, la vicepresidenta del Gobierno español dice no tener "indicios para pensar que el Supremo actúe por razones distintas a las de la ley". Es decir, no cree que el Supremo prevarique como lo ha hecho Garzón.
Fuente parcial: EFE