IV- ¿Hacia una política europea de inmigración? Un desafío para la Presidencia Española de 2010 (DT)

(3) El desarrollo de las políticas activas de gestión migratoria

En el terreno de la gestión europea de la migración regular, las propuestas han surgido siempre de la Comisión, convencida de la necesidad de conseguir, a través de la inmigración, un rejuvenecimiento de la población y un aporte de trabajadores cualificados. Así, la Comisión presentó en noviembre de 2000 una Comunicación animando a los Estados a abandonar la política de puertas cerradas a la inmigración que había prevalecido desde la crisis del petróleo de mediados de los años 70, asegurando que las buenas perspectivas económicas, junto con el declive demográfico y la escasez de profesionales aconsejaban políticas activas de atracción de la inmigración.[5] En 2001 la Comisión presentó una propuesta de Directiva para la creación de un permiso común de trabajo y residencia para nacionales de terceros países y para todo tipo de inmigrantes laborales (cualificados o no).[6] La propuesta fue rechazada por el Consejo ante la oposición, entre otros, de Alemania, preocupada por su desempleo y los déficit de integración de la minoría turca.

La siguiente iniciativa en este terreno fue presentada por la Comisión en diciembre de 2005,[7] en una comunicación que incluía un Plan de Política de Inmigración Legal en el que anunciaba la futura elaboración de cuatro propuestas de inmigración laboral: para trabajadores altamente cualificados, para trabajadores de temporada, para trabajadores en formación y para trabajadores trasladados dentro de las empresas (Intra-Corporate Transferees). Con este despiece la Comisión intenta avanzar a pequeños pasos, ante la imposibilidad de obtener el acuerdo para una política más general. El primer fruto de ese despiece fue la propuesta de Directiva presentada en octubre del 2007 (“Propuesta de Directiva relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países para fines de empleo altamente cualificado”),[8] que denominó “tarjeta azul” al documento que se ofrece a los inmigrantes, por referencia a la green card que en EEUU permite la estancia y el trabajo a los extranjeros, aunque su alcance es mucho más limitado que el estadounidense. La principal diferencia es que la green card supone un permiso de estancia permanente mientras que la “tarjeta azul” se ofrece por cinco años, aunque pasados éstos el inmigrante puede solicitar el estatuto de residente de larga duración, ya permanente. La Directiva de la tarjeta azul, aprobada finalmente en mayo de 2009,[9] establece reglas comunes en todos los Estados miembros para facilitar la entrada y residencia de inmigrantes de alta cualificación y de sus familias y hacer posible su traslado a otro país de la Unión tras un tiempo de estancia y trabajo en el primero que les recibió. La condición de entrada para el inmigrante es recibir una oferta de trabajo de al menos un año de duración para ocupar un puesto de trabajo para el que se requiere alta cualificación y por el que se paga un salario equivalente al menos a 1,5 veces el salario medio bruto del país receptor.

Pero el derecho a migrar después a otro Estado miembro está lejos de ser automático: el inmigrante debe enfrentarse en el nuevo Estado con un proceso semejante de comprobación, aportando otro contrato de trabajo, mostrando que el salario en ese nuevo puesto cumple la condición de sobrepasar en un 50% el salario medio de ese país, presentando sus cualificaciones para ser admitido, etc.; es decir, iniciando el proceso de nuevo. Esta es hasta ahora la única iniciativa de la Comisión que ha tenido éxito en el campo de las políticas positivas de regulación de los flujos migratorios y su alcance, como puede apreciarse, es limitado.